EL NARCISISMO POLÍTICO DE AZNAR

José Mª Aznar accedió a ser entrevistado por uno de los canales privados de televisión en España, en unos momentos especialmente delicados para el país en general y en particular para su Partido, y no tuvo el menor rubor de meterse por en medio en el malestar de los barones del PP, que cuestionan la política gubernamental de Rajoy, para reivindicar autenticidad programática en la acción de gobierno, y acabar amagando con volver al primer plano de la política nacional.

Esta posición de Aznar –que ya tiroteaba desde su trinchera de la FAES- no ha hecho sino dividir al PP, entre los que no estando de acuerdo con Rajoy y el desgaste político que viene acumulando se están mostrando nerviosos por el potencial retroceso electoral que pueden llegar a sufrir en los próximos comicios, y los que siendo cargos públicos y más directamente conforman el aparato de poder del Partido, se ven en la obligación de corresponsabilizarse de las políticas de recortes de Rajoy.

Pero en estos momentos, en que cualquier persona cabal y leal a sus compañeros de Partido haría las objeciones que tuviera que hacer –y le permitieran- en el foro interno de la propia organización, para no trasladar a la opinión pública divisiones ni fisuras, que pudieran llegar a erosionar la acción de gobierno aún más de lo que ya la deterioran los efectos de las políticas de recortes; sin embargo, Aznar en su engolamiento político y personal, no se siente afectado por tal tipo de objeciones, y como si estuviera por encima del bien y del mal, como si fuera auténticamente por libre, o lo que es peor, como si se tratara de una cuenta pendiente con Rajoy, va y hace su particular crítica y se acaba por postular como alternativa.

Peor no le ha podido sentar a Rajoy y al sanedrín de Génova –tanto a los fieles a Rajoy, como los que en estas cuestiones ven la incomodidad e inoportunidad de tener que posicionarse en una potencial guerra interna-. Algo inaudito, pues Rajoy está donde está, y accedió a la presidencia del PP por obra y gracia de José Mª Aznar, que se dio el gusto de nombrarse sucesor político. El mismo que ahora parece cuestionar.

Así hoy hay quien llega a hablar de deslealtad de Aznar con su Partido, y especialmente con su sucesor Rajoy –al que está claro que ni respeta, ni valora-, aunque parece más adecuado calificar esta actitud dentro del tradicional “narcisismo político” que envuelve a Aznar, cuyo mito político se ha creído el primero el propio expresidente.

De aquella época del PP triunfal ya han caído algunas mitologías, como la de Rato que llegó a considerarse el artífice del progreso económico español del momento, que sin embargo posteriormente pasó por el FMI con más pena que gloria, retirándose súbitamente antes de tiempo –sin haberse enterado de la llegada de la gran crisis económica-, y que recolocado por sus amigos en Bankia (acabó como el “rosario de la aurora”, como es sabido). También de aquella época son los nombramientos de los amigos de Aznar (Blesa en Bankia, y Juan Villalonga, en Telefónica, Jaume Matas en la Comunidad Balear, y Zaplana en la Comunidad Valenciana).

Además que el éxito económico del gobierno de Aznar se basó esencialmente en un primer ajuste de los gastos públicos (para lo que contó con la eficaz ayuda del hacendista prof. Barea), la venta de empresas públicas del Estado (con las que hizo caja, pero se perdieron del patrimonio nacional), del recalentamiento del sector inmobiliario, y de una fase alcista en la economía internacional. De la concurrencia de esos factores vino el resurgir hispano de principio de siglo, que no fue ni equilibrado, ni sostenible, y que acabó por estropearse con la torpe gestión económica de los gobiernos de Zapatero, hasta caer en la actual sima, fruto de torpezas y opciones erróneas de los gobiernos del PSOE y PP.

Claro que ante esto, la solución de Aznar pase por bajar los impuestos –cuando hay un déficit público, y no se recorta el aparato político del Estado, más que en los servicios públicos y a los empleados públicos- nos parece contradictorio, porque supondría acabar de hundir al Estado (en todas sus vertientes: central, autonómico, local e institucional). Dadas las circunstancias, más bien parece que lo que hace falta es fortalecer las arcas del Estado (subiendo los impuestos que están descaradamente bajos, como son los que gravan el capital), y por otro lado, apremiar a la banca para que cumpla su función pública de prestamistas, y ponga en circulación las cantidades de dinero en crédito que necesita actualmente nuestra economía para evitar el actual colapso, y si de paso se suprimen las Diputaciones Provinciales, las Asambleas Autonómicas o el Senado, y demás Instituciones Públicas inútiles por duplicadas, se acabaría de redondear la auténtica receta de la que no habló Aznar, como tampoco dio explicaciones cuando le preguntaron por el tema de los “sobresueldos” en el Partido del que él fue presidente, ya que se espera de él algo más que la negativa a su propio cobro.

Aun así, considerando una mala faena y una deslealtad a los suyos por el tono y contenido del mensaje del expresidente, no creemos que ese amago de volver a la primera línea política lleve mucho de verdad, por cuanto él mismo ya llegó, estuvo y para él triunfó –retirándose en la cumbre, aunque las urnas le dieron un inesperado revés fruto de sus particulares iniciativas de aparecer en primera línea de la coalición de la guerra de Irak-; y las segundas partes pocas veces fueron buenas, especialmente en los actuales tiempos de escasez. Amen que –a poco que se hagan las cuentas- económicamente a Aznar no le interesa volver a la Moncloa. Raro sería que diera auténticamente tal paso.

Por consiguiente, habría que interpretar sus declaraciones más en el contexto del propio PP, para consumo interno, en el que claramente trata de influir y de sentarse en la cátedra que dejó vacía Fraga con su muerte, lo que de hecho ha logrado, pero parece que necesita recordarlo periódicamente.

PP Y PSOE SUPERADOS POR LA CRISIS

La crisis económica ha levantado la latente crisis política, que se agravan por mutua retroalimentación, dado que la ineficacia de las Instituciones democráticas españolas agravan el problema que se generó en el ámbito económico al mostrarse incapaces de dar soluciones eficaces e ir perdiendo progresivamente el apoyo social.

Y es que la crisis económica, al activar la subsiguiente crisis política, ha puesto de manifiesto que el sistema político de la transición está agotado. Algo así a lo que le sucedió al sistema de la restauración canovista, que con el transcurso del tiempo se mostró superado por los acontecimientos políticos y las demandas sociales.

El razonamiento es de “cajón de madera”, ya que se diseñó una democracia limitada, con una ley electoral que primaba los partidos mayoritarios –y por excepción, o mejor concesión a los nacionalistas catalanes y vascos- también a los nacionalismos periféricos, siendo así que el sistema de hecho acababa siendo –como lo ha sido- bipartidista con acceso al gobierno del PSOE- PP, tolerando los “feudos soberanos” de los nacionalistas catalanes y vascos, con los cuales se ha negociado y transigido a extremos peligrosos para la unidad del Estado, como estamos evidenciando con el discurrir del tiempo.

Naturalmente, el sistema requería incorporar de facto a los poderes fácticos más influyentes (Patronal, Sindicatos más representativos, banca, y grupos de prensa de oligarcas políticos –económicos), los cuales, en un pacto tácito, no escrito, han ido sosteniendo el sistema durante estas tres décadas.

De tal manera que el sistema reflejaba las formas del viejo sistema canovista de la restauración, al tiempo que incorporaba un peculiar corporativismo –a modo franquista- institucionalizando a algunos de esos poderes fácticos (especialmente a la CEOE, a UGT y CCOO para los que los presupuestos generales del Estado siempre han contemplado pago por servicios prestados, de una u otra forma). Tal es así, que el sistema financiero que dependía del Estado (Sistema de las Cajas de Ahorro, que ha zozobrado con la crisis económica) hacía reparto de su poder entre los políticos mayoritarios, la patronal y los sindicatos –que ahora patética e irresponsablemente dicen que no estaban convenientemente informados del estado real de las entidades de crédito y ahorro-.

Por tanto, no es de extrañar que ante la potencial quiebra del gran parte del sistema financiero de cajas de ahorro, hayan hecho “piña” todos en defensa del rescate, o sea de la socialización de las pérdidas, con algún que otro artero disimulo, pero lo cierto es que se ha cargado al país con una deuda  superior a los 282.000 millones de euros por la operación rescate a la banca  (entre créditos europeos, ayudas del FROB y avales públicos), que los españoles no teníamos por qué asumir, pues eran deudas privadas.

Además de los centenares de casos de corrupción, de una justicia que no responde ni con rapidez ni con eficacia a enjuiciar, corregir y sancionar estas conductas.

Y sobre todo, con una evidencia, genuina de nuestra particular “democracia de baja calidad”, que resulta de la constatación práctica de la falta de división de poderes (quedando muy claro en los poderes ejecutivo y legislativo, y más que aparente en el poder judicial, ante la designación política del Consejo del Poder Judicial), junto con la dependencia gubernamental de la Fiscalía, que por su condición jerárquica actúa de forma vicaria.

Así las cosas, resulta fácil comprender cómo cualquier contratiempo de entidad, como lo ha sido la crisis económica, ha generado un auténtico tsunami en un sistema agrietado. Pues para acabar de componer el cuadro político-institucional de la España de la transición, nos falta por referirnos al novedoso ingenio autonómico, que no sólo no arregló los problemas territoriales con Cataluña y País Vasco, sino que los ha agudizado y ha extendido un modelo de Estado casi ingobernable y financieramente inviable, pues sin ser federal, contiene 17 pequeños Estados defectuosamente articulados, que nos lleva a reconfirmar aquel diagnóstico orteguiano de la “España invertebrada”, en la que el nacionalismo catalán y vasco suelen conformar una particular “quinta columna” disgregadora de la necesaria unidad del Estado, distorsionadora hacia el interior y el exterior. Dificultando la gobernabilidad del país a extremos insospechados, que nos restan credibilidad exterior y generan el desaliento interior, pero que han sido consentidos como efectos del sistema por el bipartidismo del PP-PSOE, que en la oposición se fustigan en la plaza pública, para luego en el poder seguir idéntico guión.

Como idéntico ha sido el guión seguido por Rajoy cuando llegó a la Moncloa –con una mayoría ingente, que parece haber perdido en poco más de un año en el poder-, tras de haber criticado a Zapatero hasta el hartazgo, para luego continuar con el mismo recetario que aquel aplicó y que le reportó la mayor pérdida de votos del PSOE en la reciente democracia, y de la que aún no ha logrado levantar cabeza –quedando actualmente inhabilitados para una auténtica oposición y presentar cualquier alternativa creíble-.

¿QUE PARTIDO ASUME EL CRECIENTE “EUROESCEPTICISMO” ESPAÑOL?

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que el 81% de los españoles están defraudados de la UE y desconfían del proyecto europeo, considerando que el agravamiento de la crisis es responsabilidad de los líderes políticos de la UE, de su falta de previsión, y de su insolidaridad. Por consiguiente, ante este enorme cambio de la opinión pública española que lleva a un importantísimo “euroescepticismo”, la pregunta es: ¿qué Partido Político va a asumir claramente esa corriente de opinión en España?.

Es paradójicamente sintomático, que esta importante toma de posición política de la sociedad española ante el proyecto europeo, no venga representada de forma clara y abierta por ninguna formación política con representación parlamentaria. Algo que representa el peligroso y llamativo divorcio español entre la ciudadanía y la clase política en ejercicio, que apenas si “toma el pulso” al variable sentimiento de la calle. Algo de gran importancia en tiempos de crisis, pues supone un acelerado dinamismo social en posiciones y tendencias, respecto de tiempos de bonanza económica y tranquilidad más serenos y estables.

Tal hecho además supone una clara deslegitimación del proyecto europeo en España y en la participación española en el mismo, que siendo numerosa en cuanto al contingente de la clase política y burocrática que participa en el mismo con considerables prebendas no parece querer enterarse de este cambio sociológico que le tendría que llevar, al menos a “poner en cuarentena” el fallido proyecto de la UE, por más que choque contra sus intereses de clase (sustento, promoción y carrera política o burocrática en Bruselas o con cargo a la UE). No en vano, hemos de considerar que los “bien pagados” eurodiputados (en torno a los 10.000 y 12.000 € mensuales), lógicamente están escasamente interesados en plantearse el “euroescepticismo” del parado o del mileurista español.

Pero tal realidad es ya patente en el sentir de la sociedad española, que ha echado en falta soluciones solidarias de la UE (menos cicateras, y mucho menos de banqueros para los “puas” del sur). Sensación que, siendo importante cuantitativamente (81% de la sociedad, y creciendo), sin embargo, a diferencia de otros países que sí han canalizado políticamente esa propensión ciudadana a reivindicar lo propio, y plantear la defensa de los intereses nacionales frente al planteamiento individualista y utilitarista de Bruselas y Berlín, en España salvo alguna formación política extraparlamentaria no se ha planteado aún la salida del euro, y mucho menos el abandono del fallido proyecto de la UE. Todo un dato más que revelador del escaso nivel de representación democrática que viene suponiendo la democracia española (relegada al voto cada cuatro años, en los que actualmente pasan muchísimas cosas, al punto de girar 180º el rumbo político programático el propio Partido Popular, en el Gobierno del Estado, sin someterse a validación pública alguna tan importante giro).

De manera que, de igual forma que ha dicho Ramón Jáuregui a sus compañeros socialistas, en profética frase: “O cambiamos, o nos echan…”; habría que hacerla extensiva a también al propio PP, con esta nefasta gestión política de la crisis económica; pues acabarán otros Partidos o movimientos sociales, por acelerar los cambios socio-políticos que demanda la ciudadanía (entre ellos también sobre la UE) para mejora de un decrépito sistema democrático (bipartidista de élites políticas, ficticiamente representativo –esclerotizado a los periodos electorales cuatrienales-, que rehúye a la participación ciudadana, y por ende falla por la base –en la ausencia real de división de poderes-, y es permeable influencias espúreas al propio sistema –en forma de tradicionales “poderes fácticos”- que determinan que ni todos somos iguales ante la ley, que hay privilegios de clase, casta y hasta territoriales, que erosionan el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, y que ante la primera crisis importante se han plegado a una involución social (asumiendo el desmontaje del “Estado Social”).

¿CONOCE LA COSPEDAL EL FUNCIONAMIENTO DEMOLIBERAL?

La Secretaria General del PP, y a la sazón Presidenta Castellano-Manchega, ha hecho unas llamativas declaraciones que generan cuanto menos perplejidad. Se trata del envite que ha hecho, este fin de semana, a las ONG´S, plataformas públicas y demás grupos sociales que agrupados en torno a la defensa de unos objetivos están reivindicando públicamente sus concretos intereses. Pues bien, a estos les ha venido a  preguntar ¿cuántos son?, ¿qué peso político-social tienen?, y ¿a quién representan?, invitándoles a presentarse a las próximas elecciones para ver si ganarían la legitimidad de las urnas.

El planteamiento de la Sra. Cospedal es un sofisma moderno, en razón a que aparenta una lógica interna, pero tiene su trampa.

Tal hecho viene como consecuencia de que todo régimen democrático de porte liberal suele dar, y debe dar, amplitud de participación a la sociedad civil, distinguiendo los grupos políticos (partidos y coaliciones políticas) cuyo objeto directo es la participación en la vida política, preparando candidaturas, presentándose a elecciones y formando parte de las Instituciones Políticas para estructurar las necesarias mayorías representativas de los ciudadanos que han votado, en aras a la formulación de la agenda política y la acción de gobierno en el interior y en el exterior del Estado. Pero además existen otros actores sociales (sindicatos, asociaciones empresariales, profesionales, y civiles) cuya única finalidad es la defensa de los intereses de dichos colectivos en los diferentes ámbitos (político, social, económico, etc.), pero en modo alguno pretenden erigirse en partidos políticos y entrar en la “arena política” institucional.

Esta importante y esencial diferenciación debería tenerla clara todo ciudadano, para el ejercicio y defensa de sus intereses y los de los colectivos en que participa. Pero es lamentabilísimo, que parezca tenerla confusa, nada más y nada menos que la número dos del principal partido político en España, que además tiene responsabilidades políticas de gobierno.

Tan esencial y básica es la distinción, que sobre la misma se distingue –a su vez-  entre la “democracia representativa” y la “democracia participativa”. Ya que con el ejercicio libre del voto electoral los ciudadanos otorgan su representación política (habitualmente por cuatro años) a los candidatos políticos que han votado, y por mayoría proporcional (en nuestro sistema) se configura el gobierno correspondiente, así como los demás poderes políticos del Estado. De forma que esas candidaturas electas tienen la legitimidad de las urnas (aunque habrá de reconocer la Sra. Cospedal, que no es algo perenne y fijo, sino volátil, si bien no se cuestiona hasta la siguiente elección; salvo una pérdida de confianza abrumadoramente clamorosa, que determinaría la convocatoria anticipada de elecciones –que con la caída de intención de voto, los incumplimientos electorales, el incremento de la conflictividad social y del paro, bien podría empezar a considerarse en estos difíciles momentos).

Por su parte, la “democracia participativa” supone el necesario establecimiento de cauces públicos para que la sociedad se manifieste públicamente ante cualquier tipo de problema, de su opinión, convoque actos públicos (todo ello conforman derechos constitucionales de libre reunión, opinión y asociación), y en el uso legítimo de tales mecanismos activan el parecer de la opinión pública que atiende a los planteamientos de estos “actores sociales” o no. En la sensibilidad política del gobernante está verificar el alcance y apoyos sociales de las pretensiones y planteamientos de cada uno de estos movimientos sociales, para incluirlos en la agenda política o no. Pero a estos ni se les debe criminalizar (echándoles encima a las fuerzas de orden, sancionándoles, o descalificándolos, etc.) y mucho menos retándolos de forma altiva y artera, como lo ha hecho Cospedal, por original que se haya creído a sí misma, creo que ha cometido un importante error político, además de revelar un talante escasamente democrático.

Ya que, Sra. Cospedal, la democracia no es votar cada cuatro años solamente, por más que a Vd. y a muchos como Vd. quisieran que asi fuera. Una sociedad democrática y madura (como empieza a madurar la sociedad española, a base de desengaños políticos, sufrimientos y recortes) tiene vida propia y no puede dejar en manos de cualquiera la “cosa pública” illo tempore.

ESCASA MOVILIZACIÓN EN EL 1º DE MAYO DE MAYOR PARO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

Se ha celebrado en Murcia la manifestación del  1º de mayo con cierto incremento de participación respecto a la tónica habitual de los últimos años. Pero este incremento es poco significativo en relación con el conjunto de la población. Pues ¿qué cabe pensar de una sociedad que en la que no se movilizan ni siquiera los parados el día del trabajo?.

Aunque pensando en un concepto amplio, el mundo del trabajo no sólo conlleva la defensa del empleo, sino también de las justas relaciones laborales (salarios, condiciones de trabajo, seguridad y salud laboral, formación profesional, incentivación, pensiones, y en general las acciones sociales que se derivan de la relación de empleo). Y este año todo este ámbito se ha resentido enormemente con recortes sociales que el gobierno ha puesto en marcha, so pretexto de salvar una economía que lejos de responder se hunde cada día más, porque la terapia empleada no es del todo acertada, ya que la economía responde a fenómenos de mayor complejidad que los recortes de gasto público, y aquellos sin embargo apenas se han llegado a abordar.

Por consiguiente, da la impresión que toda la política de recortes sociales, tal como se ha venido planteando en nuestro país, e incluso en el entorno europeo (Italia, Irlanda, Portugal y Grecia) responden a criterios más ideológicos que propiamente económicos, ya que con la excusa de la crisis se han llevado por delante, prácticamente el “Estado del Bienestar” ante el pasmo social que atónito y cabreado, pero con gran pasividad e individualismo asiste al discurrir de los acontecimientos.

De manera, que este año era importante, para cualquier observador o especialista en estudios sociales, valorar la respuesta ciudadana en forma de movilización ante una fecha histórica del 1º de mayo, en que ya no sólo los desempleados, sino los pensionistas, los usuarios de la sanidad, de la educación y demás servicios públicos, en definitiva el común de la ciudadanía de las clases media y trabajadora que son las que están pagando la crisis, se movilizaran, acudieran a las manifestaciones del día del trabajo y manifestaran pública y libremente su parecer sobre estas políticas de derrumbe del “Estado social”, que se ha quedado en la Constitución como un simple “brindis al sol”, y que en una de estas reformas se lo llevarán por delante también.

Sin embargo, en concreto en el caso de Murcia (dejando de lado la optimista cifra dada por los organizadores, de 25000 personas asistentes, que también se nos antoja escasa por las razones que venimos exponiendo) la estimación más adecuada a la realidad quizá sea la que oscila entre los 10.000 y los 15.0000 participantes. Ante lo que hemos de concluir, que se trata de un ¡fracaso..!, en las condiciones de emergencia social que estamos viviendo.

Según esto en una Región con algo más de un millón de habitantes apenas el 1% se habría manifestado en defensa del trabajo y de los derechos sociales. ¡Desolador…!

Ni los parados (que son en la Región unos 220.000), ni los pensionistas, ni los padres de familia trabajadores que ven recortados sueldos, becas, y demás ayudas sociales han aparecido por allí más allá de lo meramente testimonial. ¿Acaso ha enraizado en Murcia el individualismo insolidario?, el “sálvese quien pueda”. No ha sido la tónica habitual de la sociedad murciana, siempre abierta y generosa. O ¿nos hemos aburguesado y lo que no va conmigo no me interesa?. Eso mismo podrían decirlo los demás, en caso de que se extendiera un individualismo egoísta e insolidario.

En este mundo, parece mentira que aún no hayamos aprendido la lección, todos nos necesitamos (hoy por ti, mañana por mí), y en esta situación de emergencia nacional que supone un paro tan exagerado y una economía en caída libre, se esperaría otra conducta de la ciudadanía.

Puede que haya quien, desengañado de la actual realidad política y sindical, no quiera saber nada de nada. Pero eso es un grave error. Es cierto que no siempre están acertados, que no siempre hay los mejores interlocutores en este tipo de instituciones, pero no es menos cierto, que la democracia requiere este tipo de organizaciones para su normal funcionamiento, y la ciudadanía tiene en ellos los cauces de participación. Aunque en esto haya mucho que mejorar y enmendar, pues los partidos como los sindicatos han de hacer su particular transformación para ser más abiertos, más participativos y democráticos. Todo ello redundaría en mejora de la vida pública, en la que se incluyen los intereses sociales de las clases media y trabajadora que actualmente están sufriendo los mayores embates de la crisis y de las medidas anticrisis. Si bien, eso sería objeto de otra profunda reflexión.

EL FRACASO DE LAS CONTUMACES POLÍTICAS ECONÓMICAS EN ESPAÑA

La última Encuesta de Población Activa (EPA) ha sido dramática, más de seis millones de parados en España, ponen la situación económica, política y social al límite de su resistencia. Y algunas declaraciones gubernamentales (en el sentido de que no habrá recuperación económica en España hasta el año 2016) siembran la desesperanza colectiva, y llaman a una seria y profunda reflexión política.

Hasta ahora se nos ha estado diciendo (por parte de los gobiernos del PSOE y del PP) que la situación económica de la crisis era la determinante, al extremo que se han sometido todos los demás resortes de gobierno a la economía (la política ha pasado a ser un sucedáneo de la actividad de los mercados), pues en definitiva son los mercados los que están imponiendo la agenda política, y no al revés. Tal hecho, considero que es el primer error en el que han caído nuestros dirigentes políticos.

Ciertamente, la economía condiciona la acción política, es verdad. Pero no se puede admitir que sean los agentes económicos (los indeterminados “mercados”) los que gobiernen, los que marquen el rumbo político de nuestro país. Sí, digo bien, “el rumbo político” del país.

De hecho se nos ha obligado a una urgentísima rectificación constitucional (sobre el límite de gasto público), se han recortado derechos sociales consolidados durante años de negociación colectiva (precisamente, este modo de negociación también se está restringiendo), se ha realizado a toda urgencia una reforma laboral que sólo ha servido para abaratar el despido, y por ello indirectamente fomentarlo, se están cambiando los resortes sociales en general con drásticas disminuciones, ampliando las edades de activo y limitando al extremo la edad de jubilación, etc., etc. Y aun así, superamos la histórica cifra de los seis millones de parados.

Además, de forma impúdica se nos dice en medios de comunicación progubernamentales que el gobierno está preparando reformas para contentar a Bruselas y a Merkel. Luego la pregunta surge de inmediato, ¿para quién gobierna el ejecutivo español?, ¿para satisfacer a Bruselas y/o Berlín, o a los españoles?, ¿dónde radica la soberanía nacional?, ¿quién ha votado esta conformación de gobierno?. Rajoy parece un “administrador colonial” que tiene que rendir cuentas a la metrópoli. Donde no prima el interés de los parados, sino el pago de la deuda a la banca alemana, caiga quien caiga, y por encima de todo. ¡Se nos embarga el presente, y también el futoro!.

Si esa es la realidad. Y parece que lo es. Los españoles hemos perdido soberanía nacional, derechos sociales, económicos, y desde luego el control de nuestra vida en común.

Si el día a día, me lo marca Bruselas o Berlín, realmente soy un súbdito de un protectorado cuya metrópoli es Bruselas y/o Berlín. ¡Esto es muy grave….!. Especialmente porque se ha llegado a esta situación por vía de la torpeza política (de unos y otros gobiernos) que ha confiado nuestro destino en una utopía europea que se presentaba como “la tierra de promisión”, que nos daba el “maná” para que llegáramos al “paraíso europeo” (de bienestar, de trabajo, de derechos y libertades, etc.), mientras ese “maná” era como el maíz que “engorda al gallinero”, que finalmente acaba en el “sacrificio” e inmolación por y para el “amo”.

Una vez más se ha mostrado falso e interesado el filantrópico y fraternal abrazo europeo, pues en el caso presente –como en cualquier orden de la vida-, “tanto tienes, tanto vales..”. Y así ha pasado, hemos valido mientras hemos comprado productos alemanes, holandeses, e incluso franceses (previas condiciones de duro ajuste económico: eliminación de barcos de pesca, de cabaña vacuna, de olivos, etc.); ahora que no tenemos para mantener ese nivel de compra, sobramos de la “fraternal unión” (pero antes hemos de devolver el dinero que nos prestaron, de ahí las durísimas condiciones económicas que nos imponen), aunque si nos portamos bien, quizá podríamos seguir.

Claro, ante esta situación en que hemos sido unos “bisoños”, se hace necesaria una clara y profunda reflexión (sin filias ni fobias europeístas), sino la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. ¿Nos conviene seguir en Europa?. Especialmente en esta Europa insolidaria de dominio teutón, que montada con los “piés” (como supuesta Federación o Confederación de Estados) no ha sido capaz de solventar la primera crisis seria a la que se ha tenido que enfrentar, y donde cada uno ha ido a lo suyo.

¿Podemos seguir confiando en esta UE a la que le hemos entregado parte de nuestra soberanía, como la política monetaria que es vital para tomar rumbo de salida de la crisis?. ¿Cuáles son las alternativas?. ¿No sería mejor recobrar la soberanía monetaria y adoptar políticas monetarias anticrisis con urgencia, en vez de esperar a ver lo que le interesa a Merkel y a su partido?.

Además, puestos a recortar ¿por qué nadie señala como objetivo de los recortes de gasto público todo el que se deriva de la UE (eurodiputados, organismos, oficinas, dispositivos europeos en que participe España), en vez de recortar en la sanidad o educación pública de los españoles?.

Quizá lo fácil sea dejarse llevar, como hizo Zapatero, y está repitiendo Rajoy. Lo auténticamente audaz, y quizá razonable, sea empezar a “cuestionar lo incuestionable”, cambiar el rumbo, y que la voluntad de los españoles se imponga a la de los mercados, mercaderes y potencias extranjeras. El drama del paro tiene ya dimensiones de catástrofe nacional y urgen una respuesta gubernamental, antes de que la calle tome la iniciativa.

Y desde luego, eso de contemplar la “caída de la hoja” (el incremento progresivo del paro, y la destrucción de tejido productivo) hasta 2016 que no se le vuelva a ocurrir a ningún político, salvo que se quiera despedir de su oficio. No es digno, no es de recibo, y no es patriótico.

Hay urgencia para salir de esta situación, sea como sea. Acaso este tipo de reflexión, o análoga habría de estar planteándose ya en el mundo del “trabajo”, en los sindicatos, con ocasión de la próxima fecha del 1º de Mayo.

EL SINDICALISMO EN LA ERA ACTUAL

El sindicalismo como herramienta de defensa del derecho de los trabajadores /parados es fundamental, pues en una sociedad demoliberal si no se organizan los grupos en defensa de sus intereses, estos no lograrán jamás sus objetivos. Item más, hemos de reconocer que en la situación actual de auténtico embate al Estado del Bienestar –aprovechando la grave crisis que padecemos- se han abierto todas las posibilidades, pues lo que antes estaba prácticamente seguro e intocable, en la actualidad la perentoriedad de lo existente es tan fugaz como la propia existencia humana.

Por consiguiente, si en algún momento los sindicatos fueron necesarios –en plena revolución industrial- para lograr el paso de una situación de esclavitud de los obreros ante un capitalismo que los trataba como pura mercancía, en el momento histórico presente de neocapitalismo financiero global más especulativo y transfronterizo, es una urgente necesidad que los sindicatos se refuercen pues son el último valladar del neoliberalismo militante que está desarmando el Estado Social – el Estado del Bienestar- so pretexto de que no podemos pagarlo. Cuando deberían decir, que no quieren costearlo que sería lo más correcto, en un gesto de insolidaridad y egoísmo individualista que les caracteriza.

Tal es así que uno de los principales objetivos para desmontar el Estado Social –definido así por nuestra Constitución- sea el ataque sistemático y permanente a las organizaciones sindicales. Y esto los trabajadores hemos de tenerlo claro para no entrar en la envolvente maniobra que pasa por desprestigiarles para deslegitimarles restándoles apoyo social, y con ello, el camino se les queda libre para el derribo planeado del Estado del Bienestar, que so pretexto económico, y echándole la culpa a Bruselas, ya ha comenzado de forma ambigua y hasta políticamente vergonzante, con la privatización de la sanidad y de la educación, y con la pretensión de reducción del Estado, que no del número de cargos públicos de origen político en nómina en los distintos estratos del mismo.

Las denuncias de la baja afiliación sindical es uno de sus argumentos, como también lo son otros en que se trata de mezclarles con casos de corrupción (en el que se ha podido ver implicado algún sindicalista poco ejemplar, pero “una golondrina no hace verano”),  como el caso de que reciban subvenciones como también las reciben otras instituciones como los Partidos Políticos, y hasta la Patronal (a los que apenas se les reprocha tal hecho), y por tanto no dejan de ser críticas que tienen su correspondientes respuestas –gusten más o menos a la sociedad-, pero que tienen su explicación, como también la ha dado CCOO recientemente en la acusación de cobro por su intervención en los procedimientos de regulación de empleo colectivos, haciendo referencia a la gratuidad por su intervención a sus afiliados, y el cobro correspondiente a los no afiliados por unas asistencias jurídico-económicas en tales procedimientos, por las que cobran los servicios jurídicos y económicos de profesionales que han realizado su trabajo.

Aun así, los sindicatos harían bien, en hacer su propia autocrítica y reflexionar sobre los cambios que también a ellos les conciernen. Acaso sea el momento de replantearse el modelo de sindicalismo institucional (que conlleva importantes costes de mantenimiento) y pasar a un sindicalismo de representación y participación (mantenido por las cuotas de los propios afiliados), como también habrán de renunciar a la generalizada situación de créditos horarios de los representantes sindicales –para que compartiendo estos el trabajo con sus compañeros, estos se sientan más atendidos y tengan menos sospechas sobre la dedicación de sus compañeros liberados, salvo en casos extremadamente necesarios y justificados-, volviendo así a la representación sindical por convicción más que por conveniencia, que de ejemplo de cercanía, de renuncia a privilegios y de las servidumbres que finalmente acaban por convertirse las subvenciones públicas.

Por consiguiente, si los sindicatos mayoritarios reflexionan con rapidez y asumen los cambios que demandan los nuevos tiempos, pronto recuperarán el liderazgo que tuvieron en la Transición democrática, que se le está cuestionando  con interesados argumentos que sólo benefician al cambio político que se está imponiendo desde el gran capital, aclamado por la prensa de su entorno (tertulias televisivas del  “TDT party” incluidas) que generan un ambiente resonante propicio a los fines perseguidos, apelando a que los trabajadores vayan tirando por la borda las mochilas –que consideran molestas- so pretexto de evitar así el inexorable naufragio que ellos mismos han atraído, pero que son para el trabajador los derechos conseguidos en toda su vida, que ve cómo se esfuman, entre tanto los grandes capitales entran y salen del País a conveniencia atraídos por las ofertas del mejor postor y mayor beneficio que se le anuncia por una y otra latitud lejos de España, ante la pasividad de un gobierno que sólo mira a Berlín para rendirle cuentas.

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR BURLADA Y “CAÑA” A LOS ESCRACHES

La respuesta del PP a las acciones y pretensiones de la Plataforma antidesahucios hipotecarios –que promovió una Iniciativa Legislativa Popular y está llevando a cabo escraches ante domicilios de políticos y sedes de partidos-, no se ha hecho esperar, en forma de modificaciones que no incluyen la pretendida dación en pago, por un lado, y por otro, en la persecución policial de los que participen en los escraches.

Aclaremos que el término “escrache” –de origen argentino- se emplea para denominar las acciones públicas de denuncia de injusticias ante domicilios de políticos, sedes de partidos, u otros lugares de significación. Algo que ha realizado la Plataforma antidesahucios últimamente como estrategia de acción pública ante los domicilios de algunos parlamentarios del PP y sedes de este Partido.

De esta forma, el PP en el Gobierno ejerce el poder que le otorga el Estado para gobernar e impone su amplia mayoría parlamentaria –formalmente superior al valor de los que firmaron la ILP, que además no tiene en absoluto carácter vinculante, ni siquiera para ser tomada en consideración a trámite parlamentario- para evitar que prospere en la reforma de la Ley Hipotecaria promovida especialmente en la inclusión de la dación en pago como forma liberatoria de una deuda hipotecaria incumplida. Al tiempo que ponen en marcha el dispositivo represor del Estado para tratar de evitar estas acciones de protesta, que tanto molestan a sus políticos.

Empezando, por la consideración de los escraches, con la legislación en vigor no resulta fácil determinar si una concreta protesta pública, en la vía pública a modo de concentración (aunque sea en la puerta de un domicilio de un político, de una sede de Partido, o Institucional –salvo el exceptuado caso de las Cortes cuando se encuentran reunidas-), no parece que constituya por sí mismo un ilícito penal, dado el reconocimiento constitucional del derecho de reunión y manifestación (aunque habría que atender a la cuestión administrativa de autorizaciones concretas). Cuestión distinta es si en el desarrollo de tales acciones, se empleara violencia física, o incluso verbal –y esta pudiera considerarse coactiva o amenazante para el personaje público en cuestión-.

Siguiendo por la cuestión de las enmiendas que no consideran la pretensión de la Plataforma sobre la dación en pago liberadora de deudas hipotecarias, la cuestión tiene otro enfoque, que también sería doble: de una parte en el orden civil, no parece lógico que una entidad bancaria que presta porque considera garantizado su crédito con la hipoteca de un inmueble adecuado en cuantía al préstamo –calculado en principal- que llegaba a estimarse en un 70% del valor del inmueble hipotecado, dejando el 30% restante para poder cubrir los gastos de ejecución –costas judiciales e intereses de demora-, en tales términos (cuando además encarga las tasaciones a una empresa colaboradora de su confianza), no parece lógico ni siquiera justo, que se adjudique el bien hipotecado por la mitad de la deuda y mantenga la otra mitad pendiente de cobro bajo el fundamento del principio jurídico de responsabilidad personal por deudas con todo el patrimonio. Algo que no ocurre en muchos países de la órbita más netamente capitalista.

Pero además, esta cuestión de la ILP nos trae a colación la cuestión de la consideración de nuestra democracia como escasamente participativa, pues su inclinación representativa pivota sobre los procesos electorales cada cuatro años (en los que participa la ciudadanía de forma restringida: por la existencia de listas cerradas, salvo en el Senado –justo donde menor incidencia política tiene el voto-), tras lo cual toda decisión política es adoptada por los representantes elegidos, sin apenas opción participativa de la ciudadanía (como es el caso de la ILP –meramente testimonial-, o los referéndums –que no los puede convocar el pueblo-). Ante tal hecho, en que esta ILP contempla la fórmula de la dación en pago, que no sólo es más justa, sino que interesa mayoritariamente a los ciudadanos –muchos miles de los cuales se encuentran en dificultades análogas-, resulta que el Congreso –sede formal de la soberanía popular- no parece contemplar tal medida, que perjudica a la ciudadanía y beneficia clara y escandalosamente a la banca. Luego, no parece que se cumpla un mandato representativo claro y específico por parte de los parlamentarios –que a su vez, están sujetos a la estricta disciplina de sus respectivos aparatos, que les indican lo que han de votar en cada momento-.

Si además, a lo anterior, resulta que se sabe que la gran banca ha condonado en diversas ocasiones deudas crediticias –especialmente de procesos electorales- a los partidos políticos, justo las que no perdona a los deudores hipotecarios, ni siquiera con la entrega del bien hipotecado que garantizaba el crédito. La pregunta, viene de suyo: ¿qué intereses se defienden con esta numantina negativa de reconocer legalmente la dación en pago como liberadora de créditos hipotecarios?.

El refranero español, que es sabio, ya decía aquello de que “el que regala bien vende, si el que lo toma, lo entiende…”.

Pero en las presentes circunstancias de grave crisis económico-social, con estas torpezas políticas, que restringen el avance democrático, y en definitiva la justicia social, se muestra la inadecuación representativa de nuestra democracia, que claramente tiene que incorporar procedimientos de mayor participación ciudadana, para que el pueblo no sea ajeno a la acción política, un mero consumidor de servicios públicos y pagador de tributos al que sólo se le pide un voto cada cuatro años. Tal modelo de democracia ya está siendo superada en otros países de nuestro entorno, y realmente parece demandar un profundo cambio en el nuestro, que posiblemente venga de la mano de la movilización social activada por la crisis que está poniendo de manifiesto los desajustes políticos, sociales y económicos de nuestro país.

¿POR QUÉ SOMOS EUROPEOS?

Ante la crisis europea –que es más que económica-, cada día se hace más necesario preguntarse: ¿por qué somos europeos?. Es decir, ¿qué me une a Europa, y por qué me interesa estar en Europa?. Naturalmente la pregunta, no la planeamos en términos geográficos sino políticos y económicos, que es de lo que en definitiva va la cosa.

Hemos conocido, anhelado, e incluso nos hemos beneficiado de una Europa unida en torno al Mercado Común (la antigua CEE), que fue una herramienta de reconstrucción y pacificación de Europa, en la que pudimos entrar avanzada la democracia española, homogeneizando ciertos parámetros económicos para poder acceder sin taras al mercado que en común habían puesto varios países del Continente y que les reportó considerables beneficios. Tal es así, que para facilitar la equiparación al estándar europeos se facilitaron considerables ayudas a los diferentes países miembros, y de ello se consiguieron pingües beneficios mutuos.

Sin embargo, ese formato puramente mercantil –que fue la base de la cooperación-y tan buenos resultados reportó, con el discurrir del tiempo se fue remodelando, dando lugar a una nueva tipología que –más allá del mercado, de lo económico- quiso ir a lo político, en un inconfeso y ambiguo formato de Confederación (o Federación de Estados), en que por medio del Tratado de Maastricht se planteó la cesión de competencias soberanas (parcelas de soberanía) a la nueva Confederación (Unión Europea), que planteó la libre circulación de capitales y personas, la supresión de controles fronterizos (con el establecimiento del Espacio Schengen) , y la fallida elaboración de una Constitución Europea (que los crédulos españoles aprobamos, mientras fue rechazada en otros países, y finalmente retirada), que llevó a una reformulación en el Tratado de Lisboa. Todo ello, conllevó un piélago confuso político-burocrático, con un Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial de la UE –cada vez más alejado de los ciudadanos-, y un creciente protagonismo político de Alemania que tras la reunificación –en la que Europa contribuyó a facilitarla económicamente- asumió un desigual liderazgo dentro de la UE.

El liderazgo alemán (en otro tiempo contrarrestado por Reino Unido y Francia) se ha ido fortaleciendo con la no integración del Reino Unido en el euro, y con los efectos de la crisis económica que también ha debilitado a Francia, y en la que Alemania fortalecida política y económicamente ha actuado como banquera de Europa, y con la crisis se muestra como un implacable acreedor que busca el recobro a toda costa, y un socio insolidario, que impone sus propios intereses –caiga quien caiga- al amparo de su fortaleza político-económica.

De esta forma nos hemos quedado con la asombrosa sensación que de la predicada fraternidad europea sólo quedan los acordes del himno, y estamos despertando de un sueño utópico tornado en pesadilla neocolonial entre un eje centro europeo pangermánico (Alemania y Holanda) que se impone a una periferia en caída libre, en la que no hace de freno el autismo insular británico, ni la debilitada Francia.

Se nos dice que la actual crisis requería en España, y en otros países, haber devaluado la moneda, pero como tenemos el euro (controlado férreamente por Alemania, a la que no interesa la devaluación), no hay tal devaluación; de manera que la opción es devaluar en los costes salariales, y así los trabajadores y la clase media en general soporta el costo de la devaluación con sus sufrimientos, en tanto que el capital sigue indemne. Es decir, no se ha afectado lo más mínimo (mientras que si se hubiera devaluado la moneda, como en ocasiones anteriores, entre todos hubiéramos soportado el costo de la crisis). Luego, la pregunta está servida: ¿a quién beneficia este sistema?. Naturalmente al gran capital. En absoluto a los trabajadores, y clases medias. Sin embargo, se sustenta en una aparente democracia, en que la mayoría la detenta una ciudadanía compuesta por trabajadores y clases medias. Entonces, ¿cómo permiten que les hagan esto?.

Luego, aquí tenemos ya un importante y grave fallo democrático, basado en que se han hecho cesiones de soberanía estatal a favor de la UE (especialmente en materia económica y financiera), ante lo cual ¿qué nivel de incidencia o influencia tiene la ciudadanía?. Cada vez menos, pues la ciudadanía europea sólo vota periódicamente a candidaturas nacionales de eurodiputados, que luego se diluyen en los grupos parlamentarios europeos por afinidad ideológica. El resto de la gobernabilidad europea viene a ser diferida por parte de los ejecutivos nacionales, en un extraño y peculiar reparto.

Y ya se sabe, que no hay mejor forma de sustraer al control ciudadano una determinada acción de gobierno o una Institución que distanciarla de su ámbito, y sobre todo darle escasa participación política. ¡Tal es la actual construcción europea.!

La misma que ha acudido a “salvar el euro”, los bancos, pero ha abandonado a su suerte a millones de ciudadanos europeos (griegos, portugueses, irlandeses, italianos, españoles,  chipriotas, etc.).

Entonces, ¿por qué somos europeos?. Al menos en el actual formato de la UE. Quizá nos trajera más cuenta retornar al de la CEE, que demostró una eficacia que la UE tiene aún por demostrar, y dejaba plena soberanía en cada país para que se gobernaran como estimaran conveniente.

Alguien tendría que hacer seriamente esta pregunta, y propiciar un periodo de reflexión pública sobre la misma: ¿por qué somos europeos?. Y a partir de ahí decidir lo que más nos convenga.

EL NUEVO PAPA FRANCISCO I

Se ha anunciado urbi et orbe el acceso a la cátedra de Pedro de un nuevo Papa con el nombre de Francisco I, en la persona del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y perteneciente a la Compañía de Jesús, que así tiene a su primer pontífice.

El cardenal Bergoglio, aunque en el anterior cónclave disputó en las votaciones con Benedicto XVI, sin embargo entre las quinielas que barajaban los medios que se autodenominaban de bien informados, no aparecía, salvo alguna excepción como el caso de Religión Digital que sí lo trató como un candidato de significación a tener en cuenta, del que alababa su excepcional labor pastoral en la archidiócesis de Buenos Aires, en la que ha venido desempeñando una excepcional labor social entre los pobres, donde ha apoyado y ayudado personalmente –en alguna que otra ocasión a dar de comer a personas sin recursos económicos-.

En cuanto a su formación es bastante sólida, como suele ser lo habitual entre los jesuitas, así como su talante combinado de hombre de probada fe y de comprometida acción por la implantación del “Reino de Dios” –según mandato evangélico-.

De su carácter se dice que es un hombre muy humano, cercano, dialogante, pero de carácter más bien serio. Lo que unido a sus dotes intelectuales, de hombre de fe y de Iglesia, le capacitan para poder acometer las reformas que la Iglesia necesita, tanto en el ámbito de la Curia, como en el ámbito pastoral –especialmente en la misión ad gentes- que tiene planteada para llevar el Evangelio a un mundo cada vez más secularizado, especialmente en las naciones que tradicionalmente han sido católicas, y profundizar en aquellas otras tradicionalmente de misión, para el arraigo de la fe.

Se dice del cardenal Bergoglio que es un hombre de vida austera, al punto que se traslada en Buenos Aires en el metro, manteniendo una gran cercanía con el pueblo, al que le gusta llegar.

También se dice de él que tiene una posición reformista dentro de un planteamiento conservador extremo en el que ha tenido una abierta lucha contra la ley del matrimonio gay en Argentina, colisionando incluso con la presidenta del país andino,  lo que nos da la pista, que su pontificado posiblemente acometerá reformas eclesiales, sin que por ello quepa esperar grandes saltos, lo cual da continuidad a la labor de los anteriores pontificados, de los que probablemente podrá avanzarse en la línea de la recepción del Concilio Vaticano II, que se quedó a medio desarrollar, teniendo una gran vigencia y actualidad en respuesta a los signos de los tiempos que vivimos.

Lo sorprendente de su nombramiento, para los denominados “vaticanistas”, puede poner en la pista, que sea un hombre serio, independiente ajeno al stablishment curial, capaz de hacer los reajustes que no ha podido su predecesor, al tiempo que asegurar la necesaria estabilidad de la institución eclesial para evitar la dispersión del catolicismo, como le ha ocurrido al cristianismo reformado de raíz protestante que se ha diluido en multitud de grupos pequeños, separados e inconexos, que no solo pierden eficacia evangelizadora, sino que no se ajustan a las exhortaciones evangélicas de unidad de los cristianos. Algo que el nuevo Papa también habría de revisar sobre los múltiples movimientos seglares que han emergido en la Iglesia con estructura propia, que restan virtualidad práctica a la necesaria comunión eclesial, al tiempo que desarrollan un poder fáctico no siempre edificante ni eclesial, ni evangélicamente.

Cabe hacer otra consideración referente al nombre elegido por el nuevo Papa, pues el de Francisco, nos da la pista del referente moral, espiritual, y sobre todo misionero de dos grandes santos de dicho nombre –en los que seguramente ha pensado el cardenal Bergoglio para elegir su nombre pontifical- por un lado, Francisco de Asís, ese gran santo, que fiado plenamente de la providencia vivió su fe de forma extremadamente humilde, sencilla, puramente evangélica, con gran misericordia para los que se le unían ante su fuerte personalidad carismática; por otra, la de Francisco Javier, ese jesuita misionero hasta la extenuación. Ambos ejemplos troncales de una vida entregada a la fe y al evangelio, que asumieron plenamente en su existencia y nos dejaron una gran huella.

Ambos santos, que además conformaron dos grandes movimientos en la Iglesia, cuya labor aún pervive y está plagada de seguidores, en lo que fueron la Orden Franciscana, que erigió una peculiar, sencilla y profunda manera de vivir el evangelio acercando las comunidades de frailes menores a los núcleos urbanos –en contraposición a los monasterios de monjes apartados del mundo-; y por otra parte la Compañía de Jesús que erigió un particular espíritu que supo actualizar el mensaje evangélico a su tiempo, promoviendo la activa labor de misión en la Iglesia llevándola a todos los rincones del mundo, potenciando en el clero una recia formación religiosa y teológica, y entre los laicos una espiritualidad de gran raigambre hasta nuestros días. Ambas órdenes religiosas supusieron un refortalecimiento de la vida eclesial de su tiempo, y siguen siendo un importante pilar en la vida de la Iglesia.